Desalojada la antigua fábrica Fournier de Vitoria tras una orden judicial
La antigua fábrica Fournier, ubicada en la calle Heraclio Fournier de Vitoria-Gasteiz, ha sido desalojada este jueves en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de la capital alavesa. El operativo, coordinado por la Policía Local con el apoyo de la Ertzaintza, se ha desarrollado desde primera hora de la mañana y ha concluido con la identificación y desalojo de tres personas que ocupaban las instalaciones.
Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, agentes de la Policía Local han acompañado a las 10.30 horas a la comitiva judicial encargada de ejecutar el inicio del proceso de lanzamiento de la nave industrial, un inmueble abandonado que llevaba varios meses siendo utilizado como refugio por personas sin hogar.
Para garantizar el desarrollo de la actuación, se desplegó un amplio dispositivo policial que contó desde las 8.00 horas con el apoyo sobre el terreno de efectivos de la Ertzaintza. La intervención se ha llevado a cabo sin incidentes destacables.
Tras finalizar el operativo, las autoridades han trasladado a la propiedad del inmueble la necesidad de reforzar el cerramiento de las instalaciones con el objetivo de impedir nuevos accesos y evitar futuras ocupaciones.
Desde el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento recuerdan que este tipo de edificios abandonados no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad para su uso residencial. Asimismo, señalan que actuaciones como la desarrollada este jueves forman parte del compromiso institucional para garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la legalidad en la ciudad.
La nave desalojada se encuentra en una zona industrial próxima a otros pabellones abandonados, como los de URSSA y EGA, donde el pasado 27 de mayo se llevó a cabo otro operativo policial que se saldó con la identificación de más de un centenar de personas.
El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha valorado positivamente la intervención y ha señalado que la prolongada ocupación del inmueble había generado una situación «que no es adecuada ni para las personas que residen allí ni para la ciudad». En este sentido, ha subrayado que el desalojo responde a un trabajo coordinado entre distintas administraciones y se está desarrollando «con todas las garantías legales».
Fernández de Landa ha defendido además la actuación institucional al considerar que las administraciones tienen la obligación de intervenir cuando disponen de las herramientas legales necesarias para hacerlo. Según ha indicado, la intervención responde tanto al mandato judicial como al compromiso con los vecinos de la zona sur de Vitoria-Gasteiz.
«Los vecinos y vecinas tienen derecho a que las instituciones intervengan cuando existen situaciones que afectan a la convivencia o generan inquietud», ha afirmado el edil, quien ha reiterado la voluntad municipal de actuar con responsabilidad, coordinación y respeto a los procedimientos establecidos.
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