La llegada de Uber a Donostia abre un frente legal y político en Gipuzkoa

El anuncio de Uber de iniciar este miércoles su actividad en el término municipal de Donostia ha generado una fuerte reacción institucional en Gipuzkoa. La compañía ha comunicado que, a partir de las 11.00 horas, comenzará a ofrecer servicios urbanos y trayectos con origen o destino en la capital guipuzcoana mediante una flota inicial de treinta vehículos eléctricos, todos ellos amparados —según la empresa— por licencias VTC concedidas en Bizkaia.

El anuncio ha sido recibido con sorpresa y estupor tanto por la Diputación Foral de Gipuzkoa como por el Ayuntamiento de Donostia, que ya han iniciado un análisis sobre la viabilidad legal de este desembarco. Desde ambas instituciones se subraya que la normativa vigente limita de forma clara el uso de licencias VTC otorgadas en otros territorios históricos, especialmente cuando se trata de trayectos estrictamente urbanos.

Según fuentes de la propia empresa, Uber llega a Gipuzkoa operando con licencias VTC expedidas por la Diputación Foral de Bizkaia. Este extremo ha llamado especialmente la atención de la Diputación guipuzcoana, que recuerda que en su territorio apenas se han concedido una treintena de licencias VTC desde la década de los años noventa y que ninguna de ellas habilita para realizar servicios urbanos. Así lo han precisado fuentes forales, que insisten en que el marco regulador guipuzcoano ha sido históricamente restrictivo en este ámbito.

La diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha confirmado en un comunicado que la institución foral está analizando la “viabilidad legal” de que Uber pueda prestar servicios urbanos en el territorio con licencias procedentes de Bizkaia. Desde la Diputación se advierte de que, si se detectan incumplimientos de la normativa, se actuará conforme a la ley.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Donostia ha solicitado a la Diputación de Bizkaia “todos los detalles” relativos a las licencias VTC otorgadas a Uber. El objetivo, según ha explicado la concejala de Movilidad y Transporte Sostenible, Olatz Yarza, es comprobar que el servicio anunciado cuenta con “todas las garantías jurídicas para los usuarios”. Yarza ha recalcado que el consistorio busca ofrecer seguridad jurídica a la ciudadanía sin dejar de proteger al sector del taxi, al que considera una pieza clave del sistema de transporte urbano.

Desde Bizkaia, las explicaciones han sido claras. Fuentes de la Diputación vizcaína han señalado que una licencia VTC concedida en un territorio del País Vasco permite operar en los otros únicamente para servicios interurbanos. En ningún caso, subrayan, autoriza trayectos urbanos fuera del territorio de concesión. Este tipo de infracción está tipificada y puede conllevar sanciones económicas de hasta 1.500 euros. Además, la institución foral vizcaína ha defendido que mantiene un “nivel de exigencia máximo” a la hora de conceder licencias VTC.

Mientras las instituciones analizan el encaje legal del anuncio, el debate político también se ha activado en la capital guipuzcoana. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Donostia, Borja Corominas, ha aplaudido públicamente la llegada de Uber, calificándola de decisión “lógica, inevitable y positiva para los donostiarras”. A su juicio, este paso responde al “deterioro del servicio del taxi y a la falta de respuesta política” en materia de movilidad.

Por su parte, Uber ha insistido en que los usuarios de Donostia pueden solicitar ya servicios a través de su aplicación y ha defendido que su implantación en la ciudad refuerza su compromiso con el sector del taxi, que —según la empresa— también está integrado en su plataforma en otros mercados. Con este movimiento, la multinacional amplía su presencia en España, donde ya opera en numerosas ciudades de diferentes comunidades autónomas.

A la espera de que se aclaren los aspectos legales y competenciales del anuncio, la llegada de Uber a Donostia se perfila como un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de transporte urbano, el equilibrio entre innovación y regulación y la convivencia entre las plataformas digitales y los servicios tradicionales. Un debate que, al menos en Gipuzkoa, acaba de abrirse con intensidad.