Airbnb tendrá que eliminar más de 65 000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales

La empresa Airbnb se verá obligada a eliminar aproximadamente 66,000 anuncios ilegales de alojamientos turísticos que se encuentran en su plataforma, tras recibir una orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España.

El Ministerio ha solicitado a la filial irlandesa de esta multinacional que retire un total de 65,935 anuncios, considerándolos ilícitos por violar la normativa relacionada con la publicidad de este tipo de alojamientos. En particular, se ha determinado que se infringe la legislación de las distintas comunidades autónomas donde se han identificado estos anuncios. Además, todos los casos se refieren a viviendas completas de uso turístico, sin incluir anuncios de habitaciones individuales.

Acciones del Ministerio y respuesta de Airbnb

En los últimos meses, el Ministerio ha enviado a Airbnb hasta tres resoluciones notificando la existencia de anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma, instando a la empresa a bloquear dicha publicidad.

Airbnb ha impugnado esta acción en los tribunales para evitar el bloqueo, y recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución, emitiendo un auto que respalda las acciones del Ministerio de Consumo e insta a Airbnb a eliminar de su plataforma un primer lote de 5,800 anuncios, que incluyen propiedades situadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV).

Razones de la ilegalidad de los anuncios

Desde la Dirección General de Consumo se presentan tres argumentos que justifican la ilegalidad de los 65,935 anuncios de pisos turísticos detectados en Airbnb, los cuales estarían infringiendo diversas normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que constituye la infracción más común en la publicidad analizada.

Además, los anuncios no especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que genera incertidumbre sobre si estos son profesionales o particulares, un aspecto crucial para determinar si el consumidor está protegido o no.

Por último, se ha observado que algunos anuncios presentan números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades competentes, una práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.