Las listas de espera y el malestar ciudadano marcan el pulso del Ararteko en 2025

Un sistema bajo presión

Las cifras no solo hablan: también describen un estado de ánimo colectivo. Y en Euskadi, ese estado tiene un nombre que se repite con insistencia a lo largo de 2025: Osakidetza. El último informe del Ararteko revela un aumento significativo de las quejas ciudadanas relacionadas con el sistema sanitario vasco, situando las listas de espera en el centro de un malestar que va mucho más allá de lo administrativo.

Las demoras en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no son ya episodios aislados, sino una realidad que afecta a miles de personas. De hecho, las reclamaciones vinculadas a la sanidad pública representan más del 10% del total, y dentro de ellas, cerca de un tercio se refiere directamente a los tiempos de espera. Una proporción que no solo preocupa, sino que dibuja un sistema sometido a una presión constante.

Cuando esperar se convierte en problema

Conseguir una cita en un plazo razonable, acceder a una prueba diagnóstica o ser intervenido en tiempo y forma se ha convertido, para muchos ciudadanos, en una carrera de fondo. El Ararteko advierte de un malestar creciente, tanto en atención primaria como en la especializada, en un contexto marcado por la falta de personal y la sobrecarga de los servicios.

La ecuación es conocida: más demanda, menos recursos. Las jubilaciones y las dificultades para cubrir determinadas plazas están tensionando la red asistencial, alargando los tiempos de respuesta y, en muchos casos, multiplicando la sensación de abandono entre los pacientes.

Pero el problema no se limita a la atención sanitaria directa. El informe señala también retrasos en procedimientos administrativos, como la resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial. En estos casos, los tiempos pueden extenderse durante años, lo que añade una capa más de frustración para quienes buscan una respuesta institucional tras un posible error médico o una deficiencia en la atención.

El reflejo de un sistema en revisión

El volumen de actividad del Ararteko en 2025 confirma la magnitud del desafío: más de 13.000 actuaciones de atención ciudadana y 3.617 expedientes de queja. Pese a ello, la institución mantiene un nivel de eficacia del 93%, lo que demuestra su capacidad para intervenir y corregir actuaciones administrativas.

Este informe tiene, además, una particularidad: es el primero presentado por el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, aunque los datos corresponden en buena medida a la etapa anterior, bajo la dirección de Manu Lezertua, con un periodo intermedio en funciones a cargo de Inés Ibáñez de Maeztu. Un relevo institucional que coincide con un momento especialmente delicado para la administración pública vasca.

La preocupación por las listas de espera llevó incluso al Ararteko a trasladar el asunto al ámbito político. En noviembre de 2025, mantuvo una reunión con el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, con el objetivo de analizar el aumento de las quejas y explorar posibles soluciones.

Más allá de la sanidad: una sociedad en tensión

Si bien Osakidetza concentra buena parte de la atención mediática y social, no es el único foco de preocupación. El área de inclusión social encabeza el ranking de reclamaciones, con un 13,89% del total. Las quejas se centran en la gestión de prestaciones económicas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tramitadas en gran medida por Lanbide.

Las incidencias en estas ayudas —suspensiones, devoluciones o retrasos en la tramitación— reflejan una red de protección social que, en ocasiones, no responde con la agilidad esperada. Y cuando la respuesta falla, las consecuencias afectan directamente a las condiciones de vida de las personas.

A este escenario se suma un problema estructural de largo recorrido: la vivienda. El informe del Ararteko insiste en la insuficiencia del parque público de alquiler y en las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna. Una realidad que no solo afecta a colectivos vulnerables, sino que se extiende progresivamente a amplios sectores de la población.

Educación, administración y nuevos desafíos

La educación emerge también como un ámbito clave. Las reclamaciones reflejan preocupaciones relacionadas con el acceso, la planificación y la equidad en un sistema que se enfrenta a cambios demográficos, mayor diversidad del alumnado y procesos de digitalización. El Ararteko advierte de la necesidad de reforzar este pilar fundamental para evitar que las desigualdades se cronifiquen.

En paralelo, el informe señala problemas en el funcionamiento de la administración y la justicia. La sobrecarga de trabajo provoca tiempos de respuesta que pueden alcanzar los ocho meses en primera instancia, lo que genera una sensación de lentitud que contrasta con las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente.

La digitalización, lejos de ser siempre una solución, se convierte en algunos casos en una barrera. La obligatoriedad de la cita previa o la dependencia de herramientas digitales pueden dificultar el acceso a servicios esenciales para personas con menos competencias tecnológicas o mayores dificultades de acceso.

Una sociedad que cambia

El informe también refleja transformaciones profundas en la estructura social. Cambian las familias, cambian las necesidades y, con ellas, deben cambiar las políticas públicas. Aumentan los hogares unipersonales y los formados por personas mayores de 65 años, mientras disminuyen las familias tradicionales con hijos.

En este contexto, las familias monoparentales aparecen como uno de los colectivos más vulnerables, con un riesgo elevado de pobreza y exclusión. El Ararteko insiste en la necesidad de reforzar las políticas de apoyo específicas para este tipo de hogares.

La infancia y la adolescencia también ocupan un lugar destacado en el informe. De los 3.617 expedientes registrados, 660 afectan a menores, lo que representa más del 18% del total. Sin embargo, apenas una de las quejas fue presentada directamente por una persona menor de edad, lo que pone de manifiesto la dificultad de este colectivo para hacer oír su voz.

Entre los temas emergentes destaca la aplicación del procedimiento de determinación de cuotas de descuento (DEU), que ha incrementado las retenciones por cobros indebidos y reducido la capacidad económica de muchas familias para afrontar gastos básicos.

Derechos en el punto de mira

El informe del Ararteko no elude tampoco cuestiones sensibles relacionadas con los derechos fundamentales. Entre ellas, destaca la actuación de oficio abierta en relación con la decisión del Departamento de Seguridad de difundir el origen de las personas detenidas en comunicaciones oficiales de la Ertzaintza. Un asunto aún en estudio, que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre transparencia institucional y protección de derechos.

Un espejo incómodo

Más allá de los datos, el informe del Ararteko funciona como un espejo. Refleja las tensiones de un sistema que intenta adaptarse a nuevas realidades con recursos limitados, y pone de relieve las grietas por las que se cuelan las quejas ciudadanas.

Las listas de espera, la vivienda, las prestaciones sociales o el acceso a los servicios públicos no son problemas aislados, sino piezas de un mismo puzzle. Un puzzle complejo, que habla de una sociedad en transformación y de unas instituciones llamadas a responder con agilidad, eficacia y sensibilidad.

Porque, al final, detrás de cada expediente, de cada reclamación y de cada cifra, hay una historia. Y lo que este informe deja claro es que esas historias, cada vez más, reclaman ser escuchadas.